viernes, 10 de diciembre de 2010

Imputación Formal, Certeza de la Imputación y Derecho a la Defensa

El artículo 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público concordante con el artículo 73 del CPP, establece con meridiana claridad que los requerimientos y resoluciones deberán ser emitidos por los fiscales de manera fundamentada y especifica.
Según la doctrina, imputación formal es una resolución emitida por el fiscal de materia sobre la base de indicios racionales y que marca el inicio de la etapa preparatoria del juicio, tal cual lo ha establecido la SC. 1036/2002-R, de 29 de agosto.
A tiempo de señalar que la imputación formal es condición esencial para la actuación del ius piniendi del Estado, el Tribunal Constitucional sostiene que no puede hablarse de actividad jurisdiccional si es que previamente no existe una imputación, la que tiene como efecto el ser un presupuesto DEL DERECHO DE DEFENSA, marcando el límite de la investigación que se realiza en la etapa preparatoria sobre cuya base se desarrollará el proceso penal y que, imprescindiblemente, debe ser de conocimiento del imputado para que este ejerza todos los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, las Convneciones y tratados, desde el primer acto del proceso hasta su finalización.
El mismo Tribunal ha aclarado que “la imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino QUE LA MISMA DEBE SUSNETARSE EN LA EXISTENCIA DE INDICIOS suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, bene apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa”
El código de Procedimiento Penal establece en su artículo 302, que el fiscal luego de recibir las investigaciones preliminares y constatando la existencia del hecho y la participación del imputado puede mediante resolución fundamentada emitir imputación formal, la cual ineludiblemente deberá contener: 1) los datos de identificación del imputado y de la victima; 2) nombre y domicilio procesal; 3) descripción del hecho o hechos que se imputan y su calificación provisional ; y finalmente 4) solicitud de medidas cautelares.
De lo expuesto se concluye que el fiscal a momento de emitir requerimiento de imputación está determinado por una estimación subjetiva, fruto de una apreciación racional que debería hacer de los resultados de la investigación preliminar. En caso de que se determine imputar formalmente, esta debe fundarse con creces a la imputación genérica, en cuanto a la certeza de la existencia del hecho y la participación del imputado, el fiscal debería examinar los elementos de convicción y adecuar los hechos a los tipos penales, señalando claramente cada uno de ellos en la fundamentación. Tal cual lo ha establecido el Tribunal Constitucional, las facultades del Ministerio Público, de ninguna manera son discrecionales o arbitrarias, por lo que el control de la investigación y la fundamentación como requisito indispensable de la imputación formal, corresponde en principio al juez cautelar, tal cual lo han establecido de manera clara las sentencia constitucionales Nos. 1872/2004-R y 760/2003-R, las cuales son transcritas en su partes pertinentes:
(No. 1872/2004-R) El recurrente arguye que la Jueza recurrida vulneró su derecho a la libertad, al rechazar la solicitud de cesación de su detención preventiva, mediante Resolución 211/2004. Corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.

III.1.El art. 270 del CP, dispone que el autor de lesiones gravísimas incurrirá en pena de privación de libertad de dos a ocho años, cuando de la lesión resultare:
1)Una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable.
2)La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de un sentido, de un miembro o de una función.
3)La incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase de ciento ochenta días.
4) La marca indeleble o la deformación permanente en el rostro.
5) El peligro inminente de perder la vida.
Dicha norma contiene el tipo penal y la sanción para determinadas consecuencias que resultaren de una lesión gravísima, previsiones que deben ser cuidadosamente analizadas por los fiscales para determinar la calificación de la conducta del imputado y establecer si ella se adecua o no a la prohibición, puesto que sobre esa base se llevará a cabo la investigación durante la etapa preparatoria, la acumulación de pruebas y la defensa del imputado. Por ello es necesario que el Ministerio Público impute individualizando concretamente los hechos y señale claramente de qué modo se encuadran dentro del tipo penal.
III.2. La Jurisprudencia constitucional ha señalado en la SC 1691/2004-R que: “Si bien es cierto que este Tribunal ha sentado la línea jurisprudencial según la cual, este órgano jurisdiccional no entra a analizar problemas vinculados a la calificación de la supuesta conducta delictiva (tipicidad), ello no significa que cuando se presenta una lesión grosera al principio de legalidad y dentro de ello al principio de certeza que el tipo penal representa, no deba ejercer tal control destinado a restablecer la eficacia material de los derechos y garantías de las personas, que es uno de los cometidos primordiales que la Constitución y la Ley del Tribunal Constitucional le encomienda; dado que tal omisión, de un lado significaría consolidar un atentado intolerable contra uno de los pilares básicos en los que se asienta el Estado de Derecho diseñado por la Ley Fundamental del país, vulnerando con ello a su vez el derecho a la seguridad jurídica, al que es acreedora toda persona.
El entendimiento precedente es aplicable al caso de autos, dado que si bien el Fiscal tiene la facultad de hacer la calificación provisional del hecho sometido a investigación, tal facultad no es discrecional o arbitraria; por el contrario, está vinculada al ordenamiento jurídico penal vigente. De esto emerge el deber jurídico del fiscal, juez o tribunal, que ante un hecho concreto sometido a investigación o acusación, sólo es subsumible la acción concreta o real en un tipo descrito por la ley penal, cuando existe coincidencia plena entre una y otra. Una actuación discrecional o arbitraria vulnera el principio de certeza, en que se asienta el sistema penal boliviano por mandato constitucional, así como de las demás legislaciones penales de esta órbita de cultura”.
De igual manera la SC. No. 760/2003-R, establece con nitidez:
“III.2 Sobre las exigencias de fundamentación de la imputación formal.- Por su relevancia jurídica, corresponde hacer algunas precisiones conceptuales vinculadas al instituto procesal en análisis, esto es, la imputación formal:
III.2.1 Imputar es: «atribuir a otro una culpa, acción o delito» (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española), expresión que guarda similitud con el contenido normativo establecido por el art. 5 del Código procesal de la materia, cuando expresa que "Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal". Conforme a esto, desde que se comunica la admisión de una querella, denuncia o información fehaciente de la comisión de un delito (art. 289 CPP), la persona a quien se atribuye tal conducta adquiere el status de imputado (queda claro que no se puede considerar imputado al destinatario de una burda atribución de un delito, que de lógico no va ameritar el inicio de investigación alguna). Ante esta imputación genérica, el Fiscal, conforme al art. 304 CPP, tiene la facultad de rechazar la denuncia, querella o de las actuaciones policiales. Esto supone que el Fiscal tiene el deber jurídico de hacer una ponderación provisional sobre la atribución del hecho punible a una persona determinada, y si la encuentra sustentable, debe instruir su investigación bajo su dirección funcional, haciendo conocer tal determinación tanto al juez cautelar como al imputado, salvo los casos de reserva previstos por ley; desde este momento, el imputado adquiere la condición de parte, y consiguientemente, ejercita el derecho a la defensa, en los términos establecidos por el art. 16 CPE, arts. 8 y 9 CPP.
III.2.2 Imputación formal.- La imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa.
En el caso de autos, la Fiscal recurrida imputó a la representada del recurrente de complicidad en el delito de tráfico (art. 76 con relación al art.48 L1008); sin embargo, en la parte motiva del escrito de imputación formal, que lleva el rótulo de "FUNDAMENTACIÓN DE HECHO Y DERECHO", no especifica cuales son los hechos que determinan que se le atribuya su participación en el delito en grado de cooperación (complicidad); tampoco especifica en cuál de las 14 modalidades típicas previstas en el art. 33.m L1008 se subsume el hecho principal en el que la imputada prestó su cooperación; la inobservancia de estas exigencias básicas y esenciales del debido proceso de ley, importan una violación a los derechos y garantías del imputado, al estar ausente la garantía de certeza en la imputación, establecida en el art. 302.3 CPP, que es la que circunscribe en forma provisional el objeto del proceso, situación que restringe gravemente el derecho a la defensa, ya que el procesado en tales circunstancias no puede conocer con certidumbre los hechos que configuran el ilícito que se le imputa y, consiguientemente, no puede preparar su defensa en forma adecuada (amplia e irrestricta), como proclama el orden constitucional (art. 16.II). Debe tenerse presente que lo que se le imputa a un procesado no son figuras abstractas, sino hecho concretos que acaecen en el mundo exterior, que se subsumen en una o más de las figuras abstractas descritas como punibles por el legislador. Es cierto que la ley le otorga al Fiscal un amplio margen de discrecionalidad; sin embargo, tal discrecionalidad encuentra su límite en la exigencia de fundamentación, dado que discrecionalidad no supone arbitrariedad, menos ausencia de control. Sobre el particular, corresponde recordar que la SC 1036/2002, estableció que la etapa preparatoria se inicia con la imputación formal, la cual persigue una doble finalidad: preparar la acusación y preparar la defensa del imputado, en igualdad de condiciones.”